Un total de 17 de los 32 gobernadores del país anunciaron que no aplicarán el decreto de emergencia económica que ajusta el impuesto al consumo de licores y cigarrillos. La decisión fue tomada tras una reunión realizada en Bogotá y confirmada por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien explicó que la medida afecta directamente las finanzas departamentales.
Según lo expuesto por los mandatarios, el decreto establece que este impuesto, bajo la figura de renta cedida, dejaría de ingresar a los departamentos y pasaría a manos del Gobierno nacional, lo que impactaría recursos destinados, entre otros sectores, a la salud. Los departamentos que no acogerían la medida son Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia.
Para frenar lo que consideran un abuso de poder, los gobernadores definieron una hoja de ruta que incluye una “tutelatón” masiva, en la que cada mandatario interpondrá acciones de tutela argumentando vulneración del derecho fundamental a la salud. Además, bajo el liderazgo técnico de Antioquia, evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no acatar el decreto.
Frente a esta postura, el ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, advirtió que el Gobierno nacional emprenderá acciones jurídicas, aunque no precisó cuáles.
