Por: GUSTAVO ÁLVAREZ GARDEAZÁBAL
A raíz de la inscripción del exministro y exgobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, como candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, le volvieron a levantar el fantasma que lo llevó a retirarse de la gobernación de su departamento porque, varios años antes de ser elegido, había sido condenado por un delito que desde hace más de dos décadas no existe en la legislación colombiana: considerar peculado el trasladar una partida presupuestal de un rubro a otro en una corporación ambiental para reconstruir el techo de una escuela que se había venido abajo.
Independiente de que el Consejo Nacional Electoral acepte o no la solicitud presentada por la Red de Veedurías, valdría la pena que el Ministro de Justicia o la Oficina Jurídica de la Presidencia le soliciten a la Corte Constitucional que dirima la contradicción existente en la Constitución Nacional desde cuando se aprobó en 1991. Según la Carta Magna, en Colombia es un derecho el que no haya penas eternas. Por tal razón cuando este gobierno pretendió junto con los congresistas que se aprobara la pena perpetua para los violadores, la Corte objetó esa ley.
Sin embargo, en un parágrafo de la norma de normas, dice que no podrá ser elegido para cargos de representación popular quien haya sido condenado por cualquier juez de la república. Es decir que se garantiza constitucionalmente una pena eterna. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha presentado nunca una demanda contra la coexistencia dentro de la misma Carta de dos normas que se contradicen. Ya la Constitución del 91, que para muchos es un sancocho, va a cumplir 31 años y todavía a su redacción contradictoria apelan los defensores de su contenido, así sea para tratar de atajar al exministro Murillo.
Algunos abogados que consulté me dijeron que en el caso expreso del vicepresidente de Fajardo bastaría con que presentara una acción de tutela ante la misma Corte Constitucional para que se le restituya en 20 días el derecho fundamental a ser elegido, alegando que además en otra parrafada de la Constitución se dice que no existirán penas imprescriptibles.
Obviamente los asesores publicitarios de Fajardo, el aparentemente patito feo de la contienda presidencial, serán los que deciden si aprovechan el papayazo propagandístico que les da esta contradicción y resaltan el significado de tener un candidato a vicepresidente, negro, chocoano y perseguido.
