Este miércoles 29 y en consejo extraordinario de seguridad que lideró el alcalde Jorge Iván Ospina, se definió la ruta de acción para atender las problemáticas que afectan a la población privada de la libertad en Cali. Lo anterior a raíz de la emergencia registrada en una cárcel de Tuluá, donde más de 20 internos perdieron la vida durante una conflagración.
La Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital se encargará de articular las acciones necesarias para disminuir el hacinamiento y las condiciones de precariedad, junto con su similar de Gestión del Riesgo y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC.
“Encontramos situaciones críticas y el alcalde Ospina ha dado instrucciones para que adelantemos acciones de carácter inmediato, que mejoren la atención en salud y las condiciones sanitarias de estas personas”, detalló Jimmy Dranguet Rodríguez, secretario encargado de Seguridad y Justicia.
Además, se iniciará la búsqueda de un predio adecuado para el traslado de algunos detenidos en estaciones de Policía.
Según Dranguet, también continuará el trabajo permanente con el Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos penales. “Tenemos sindicados que llevan un año en estaciones de Policía, con procesos penales que han debido terminar; a esto debemos darle una solución urgente con la rama judicial”, señaló.
Por lo anterior, la Alcaldía de Cali ya había solicitado al Ministerio de Justicia y al INPEC una declaratoria de emergencia carcelaria para la cárcel Villahermosa.
Al respecto, el funcionario explicó que “se trata de seres humanos en condiciones precarias y nuestra obligación es garantizar los derechos fundamentales; por eso volvemos a hacer este llamado y poder tomar medidas”.
Ahora, los entes revisarán planes de contingencia; si en las instalaciones cuentan con extintores; el estado de las salidas de emergencia y de los espacios para posibles evacuaciones. Asimismo, evaluarán condiciones de seguridad, se instalará un enmallado y se reforzará la vigilancia.
El representante del INPEC Regional Occidente, Guillermo González, consideró que la situación de hacinamiento desbordó la capacidad logística, tanto de la Alcaldía de Cali, como de la Gobernación del Valle y del mismo Instituto.
Manifestó su voluntad para asesorar y colaborar con las acciones que deben realizarse, a partir de la solicitud hecha por el mandatario de los caleños y dar soluciones a los 1800 sindicados que permanecen en estaciones de Policía. “Hoy surgieron varias alternativas, entre ellas la posibilidad de construir una cárcel distrital, que sería un proyecto a largo plazo. Es necesario dar respuestas ahora”, indicó.
Cabe mencionar que todas estas determinaciones están enmarcadas en la Ley 65 de 1993 y la sentencia SU122 de la Corte Constitucional, en las que se establecen las obligaciones de entidades territoriales y de la Nación respecto al sistema carcelario en Colombia.
