Durante el año 2022, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en cumplimiento de dos fallos judiciales, adelantó el desalojo de dos predios privados que se encontraban ocupados ilegalmente por comunidades.
Con el fin de brindar garantías a los derechos humanos y preservar la vida de quienes habitaban en el lugar, se dispusieron algunas medidas para mitigar los efectos de los desalojos: acceso a los diferentes programas de gobierno, albergues y alimentación temporales fueron algunas de las soluciones dadas.
El 15 de diciembre se designó a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat como organismo técnico encargado de dirigir la Mesa de Unidad para el Diálogo con los Asentamientos Irregulares del Distrito de Santiago de Cali.
El pasado 6 de marzo, la comunidad se manifestó realizando más peticiones a los gobiernos local y nacional, motivo por el cuál en la mañana del viernes 10 de marzo el Alcalde de la ciudad, la secretaria de Vivienda y otros miembros del gabinete distrital se reunieron con los implicados para discutir sobre las peticiones realizadas.
“Para las personas necesitadas, a las personas que son víctimas de la guerra, a las personas que tienen una situación social de alta vulnerabilidad debe haber la mano del Estado para proveer subsidios de arrendamiento o acompañamiento en su vivienda, pero para quienes invaden estos espacios de la mano de la acción criminal para después vender la única solución es la judicialización y la justicia, porque están cometiendo un delito”. Explicó el alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina.
De igual forma, el mandatario local, explicó que pese a que se han construido muchas viviendas en la ciudad, la solución no la tiene Cali sin el acompañamiento del gobierno nacional.
Oportunidades, empleabilidad y ayudas humanitarias son algunas de las demandas que tiene la comunidad.
“La idea es que se puedan caracterizar a las familias con mayor condición de vulnerabilidad y se les apoye con bonos de alimentos, que puedan laborar y que la Unidad de Víctimas revise el giro de ayuda humanitaria al que tienen derecho las personas como víctimas del conflicto”. Expresó Erlendy Cuero Bravo, una de las lideresas de la comunidad.
La idea es que se garanticen socialmente los derechos de las comunidades y que se puedan formular proyectos de vivienda definitiva con la concurrencia nacional.
“Le explicamos a la comunidad que el subsidio de arriendo es temporal, es una ayuda que busca que el hogar pueda estabilizarse en un periodo no superior a 6 meses y que a partir de allí ellos puedan ser autónomos en ese mantenimiento del hogar en términos de vivienda”. Agregó Martha Liliana Hernández, secretaria de Vivienda.
Respecto a la empleabilidad, la idea es que se pueda otorgar un capital semilla para proyectos productivos propios y la oportunidad de laborar en obras que actualmente se están ejecutando como la construcción del Bulevar del Oriente o el Centro de Ciencia y Tecnología San Fernando.
Cabe resaltar que para lograr soluciones definitivas a la problemática actual de vivienda en la ciudad, se requiere la concurrencia del gobierno nacional, por lo que el día 13 de marzo se realizará en Bogotá una reunión con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Víctimas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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