Desde 1993, en Colombia se conmemora, cada 23 de agosto, el Día Nacional Contra la Violencia y Discriminación Motivada por la Orientación Sexual o Identidad de Género, en memoria de León Zuleta, primer líder gay asesinado en el país.
El hecho marcó para la población LGBTIQ+ un hito en la lucha por sus derechos constitucionales y políticos. En Colombia, y en otros países del mundo, una orientación sexual diferente a la heterosexual puede generar rechazo y aún persiste entre algunas personas la idea de que el homosexualismo es una enfermedad.
Para Julián Cardona, líder del programa CaliDiversidad de la Secretaria de Bienestar Social: “en los entornos académicos y laborales es en donde más discriminación se presenta porque existen imaginarios equivocados y dañinos hacia la población LGBTIQ+, que los encasillan como personas conflictivas en su relación con otros o no aptas para asumir responsabilidades, lo cual no tiene nada que ver con las preferencias sexuales de una persona, lo que hace parte del ámbito de la vida privada”.
Con Constitución Política de 1991, en Colombia quedó explícito que la homosexualidad no era un delito con fundamento en los artículos 13 y 16 que consagran la libertad e igualdad de todas las personas sin importar diferencias de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; también se establece la obligatoriedad del Estado a prestar la misma protección a todos los ciudadanos y consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En Cali se aprobó en 2019 la Política Pública CaliDiversidad, que da sustento jurídico a los programas y proyectos que la administración local desarrolle en beneficio de la población LGBTIQ+ del distrito; con ese objetivo se creó el programa CaliDversidad que cuenta con una oficina de atención ubicada en el barrio Juanambú, en la calle 10N #8-33, donde se ofrece atención gratuita, acompañamiento y orientación psicosocial y jurídica a esta población
Adicionalmente, esta instancia es la encargada, junto al Comité de Concertación de la Política Pública, de garantizar que dichas acciones se cumplan y gestionar una ruta de atención efectiva que permita unir esfuerzos públicos y privados para el restablecimiento de los derechos de la población con identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales diversas, además de promover en caleñas y caleños una cultura de respeto y reconocimiento a la diferencia.
