Para garantizar la seguridad de Tuluá durante la jornada electoral de este domingo 29 de octubre, mil hombres de la Policía tendrán la labor de custodiar el proceso.
Así se dispuso durante el consejo de seguridad electoral que se llevó a cabo en Tuluá con la presencia del gobernador Ad hoc para temas electorales en el Valle del Cauca, Gustavo García; autoridades civiles y de Policía y Ejército. Camilo Murcia, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, destacó el proceso que se viene haciendo desde hace varios meses y señaló que «este es un trabajo que no arranca hoy, se inició hace un año con el tema de inscripción de cédulas y hemos venido trabajando de la mano de la fuerza pública en articulación con el Gobierno nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Registraduría Nacional y, por supuesto, con todos y cada uno de los alcaldes a lo largo y ancho del departamento. Esto nos ha permitido tener un dispositivo robusto para este fin de semana, a efectos de garantizar el derecho al voto de manera libre y espontánea con todos los vallecaucanos».
Además, desde Tuluá despacha el comandante de Policía Valle, coronel Jesús Enrique Quintero Rave, quien dirige las acciones para hacerle frente a las situaciones que afectan esta localidad y garantizar el ejercicio democrático para sus habitantes, y se espera la llegada de personal de la Procuraduría General de la Nación.
Pie de fuerza para el Valle
En el departamento 7.500 hombres de la Policía y 6.000 del Ejército están dispuestos a lo largo y ancho del departamento para garantizar unos comicios tranquilos, especialmente en municipios como Jamundí y el Distrito de Buenaventura, donde hay alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.
Las autoridades señalaron durante el consejo de seguridad que ya se encuentra en el departamento el material electoral y se han llevado a cabo dos jornadas de simulacro con la Registraduría Nacional. Dicho material será trasladado el mismo 29 de octubre a los diferentes municipios para mantener la cadena de custodia y que se pueda garantizar la transparencia de las comisiones electorales.
