La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra Arley Fernández Torres, exdirector encargado de la cárcel de Tuluá en el momento de los hechos, y tres miembros del cuerpo de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Se les acusa de presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de disturbios que culminaron en un devastador incendio, resultando en la trágica pérdida de 56 vidas entre los reclusos.
El fatal suceso tuvo inicio en la madrugada del 22 de junio de 2022, cuando un enfrentamiento entre dos grupos de internos en el patio 8 desencadenó la conflagración. Los líderes de estos grupos, conocidos como «Plumas», disputaban el control y el tráfico de drogas dentro de la instalación penitenciaria.
Después de una exhaustiva investigación, que incluyó la recopilación de pruebas en el lugar, documentos y testimonios de los reclusos y los guardianes, el Ministerio Público concluyó que el director de la prisión y los guardianes a cargo de la seguridad en ese sector no tomaron las medidas adecuadas para prevenir que los reclusos tuvieran en su posesión armas y elementos prohibidos, contribuyendo así a la escalada de la situación.
Además, se señala que los gases lacrimógenos utilizados para dispersar el motín contenían componentes altamente inflamables, acelerando la propagación del fuego iniciado por los presos.
La Procuraduría destaca que las pruebas de campo revelaron que el aerosol de la granada lacrimógena utilizada para expulsar el gas CS sirvió como multiplicador del fuego, alimentando las colchonetas encendidas por los reclusos.
Otros hallazgos importantes indican que las órdenes de evacuación llegaron tarde, cuando el fuego ya estaba fuera de control, y que el oficial a cargo de la guardia manejó la situación desde un lugar distante de la cárcel, sin presencia en el pabellón afectado.
Los cargos provisionales contra el exdirector y los guardianes incluyen la posible omisión de sus funciones al no adoptar y ejecutar las medidas necesarias para la custodia adecuada y la vigilancia de los internos, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos.
