La justicia argentina ha iniciado una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusándolo de posibles delitos de lesa humanidad durante su gobierno entre 2002 y 2008. Se le imputa permitir 6112 ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas, específicamente la falsificación de bajas en combate conocidas como «falsos positivos», donde 11 colombianos perdieron la vida.
El fiscal Carlos Stornelli lidera la causa penal, solicitando al juez Sebastián Ramos diversas medidas de pruebas y testimonios de los familiares de las víctimas. Entre las personas que denunciaron al expresidente en Argentina se encuentran Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo.
La denuncia, revelada por el diario El Clarín, describe los crímenes como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en el contexto del conflicto armado. La investigación busca determinar la presunta responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez en crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Colombia entre agosto de 2002 y diciembre de 2008.
La investigación se lleva a cabo en Argentina gracias al principio de jurisdicción universal y la invocación de leyes nacionales e internacionales. El fiscal Stornelli ha solicitado cooperación internacional enmarcada en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, pidiendo a las autoridades colombianas copias certificadas de actas y comunicaciones relacionadas con los crímenes cometidos entre 2002 y 2010.
