Lo malo no es la Fiscalía, lo malo es la ideología
Por: Rubén Darío Valencia
En el 2009, en la medianía del segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, se dio inicio a uno de los episodios más oscuros y dramáticos de la coexistencia institucional entre la Rama Ejecutiva y la Judicial, entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia, con motivo de la elección del Fiscal General de la Nación.
No eran tiempos de paz entre estas dos instancias nacionales, enfrentadas agriamente por acusaciones de lado y lado, con episodios de espionaje por parte de la Presidencia y con señalamientos de favorecimientos a narcos a los magistrados. Sin duda, era una guerra política, judicial e ideológica.
En noviembre de ese año, en un hecho sin precedentes históricos, la Corte Suprema de Justicia, presidida por el magistrado Augusto Ibáñez, le devolvió la terna para elegir fiscal al Presidente Uribe alegando que los ternados no cumplían con los requisitos mínimos para el cargo, pues, aunque aportaban títulos válidos, no tenían conocimiento en derecho penal. La Sala Plena de la Corte discutió el tema durante 4 horas, y 13 de los 21 magistrados votaron la moción, mientras que los 8 restantes salvaron su voto consignando que esa, el rechazo de la terna, no era competencia de la Sala. Esta primera terna estaba compuesta por Virginia Uribe, Camilo Ospina y Juan Ángel Palacio.
Por esa razón el vicefiscal Guillermo Mendoza Diago debía seguir en el encargo tras la culminación del período legal del fiscal Mario Iguarán Arana el 31 de julio de 2009.
En medio de este cimbronazo, el presidente Uribe confecciona otra terna, que tampoco tuvo luz verde por parte de la Corte, y Mendoza Diago siguió de largo ¡año y 6 meses!, hasta cuando ya estaba en el poder el Presidente Juan Manuel Santos, quien decide cambiar la negada terna uribista por una integrada por los juristas Carlos Gustavo Arrieta, Juan Carlos Esguerra y Vivian Morales. Y en un solo día, el primero de diciembre de 2010, en una audiencia de apenas 12 horas, la Corte le dio su voto a la única candidata mujer. Pero las tormentas en la Fiscalía estaban lejos de terminar.
Luego vendría Martha Lucía Zamora, un año después, en febrero de 2012, luego de que el Consejo de Estado tumbara la elección de Morales por vicios de trámite. Pero sólo estuvo hasta marzo de ese año, cuando es elegido Luis Eduardo Montealegre Lynett, conocido como el polémico fiscal de la paz, y luego Néstor Humberto Martínez, discutido por su opaca actuación en el escándalo de Odebrecht, y luego Francisco Barbosa Delgado, el nuevo ‘coco’ del petrismo. En general todos han sido fiscales polemizados, acusados, señalados de amigos de bolsillo del gobernante de turno, de fracasados en sus políticas criminales, incapaces de acabar con la dolorosa impunidad y de servir sólo a los intereses de ricos y poderosos.
Ha sido, sin embargo, la oposición ideológica de izquierda del país la que más ha levantado la mano y su voz para gritar y escribir esta narrativa. Pareciera que no entendimos el diseño constitucional de esta entidad: un organismo judicial independientes de todos los poderes, encargado de perseguir el crimen y de establecer políticas criminales en coordinación con todos los otros poderes del Estado sin solución de sumisión, de servidumbre o vasallaje.
Hoy, esa oposición de ayer es Gobierno, y sigue alentando sus viejas banderas contra la Fiscalía y sus fiscales, pero con una perspectiva interesante: en breve el gobierno del Cambio tendrá fiscal de una terna enviada por él a la Corte. Un amigo petrista, con el que tuve un amable intercambio de opiniones al respecto, me preguntaba si me “gustaba la demora de la Corte” y si me “gustaba (Martha Lucía) Mancera” y le respondí que no, no me gusta la demora. Pero tampoco me gusta el doble discurso. Mancera no es la que deja Barbosa, es una respuesta institucional. Así está diseñado el esquema de reemplazos y de elecciones. No soy partidario de Mancera, soy partidario de la institucionalidad.
El discurso de que se elige fiscal amigo o de bolsillo es ideológico. Qué diremos ahora que va a llegar una fiscal ternada por Petro, ¿qué es amiga? Y si en verdad procesal se absuelven al hijo y al hermano del Presidente qué diremos, ¿que esas absoluciones son viciadas? Y cuando juzgue a alguien de la oposición, ¿gritaremos que está usando a la Fiscalía para atacar a sus contradictores? Cuando se liberen presos por vencimiento de términos, ¿sentenciáremos que la Fiscalía no sirve para nada? Cuando no se tengan éxitos contra los narcos, ¿sostendremos sin reato que la fiscal es narcotraficante? Si se mantienen los crímenes de alto impacto, el asesinato de líderes sociales y no se rebaje la impunidad, ¿pediremos una reforma constitucional para acabar con la Fiscalía? ¿Será la nueva fiscal una fiscal de bolsillo de Petro, quien ahora sí podrá decir que es su jefe?
La respuesta es SÍ a todas las premisas. Es solo un cambio de turno en el ataque y la defensa de la ‘incómoda’ Fiscalía del país.
