El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encabezando la comisión especial en el Valle del Cauca, advirtió sobre el riesgo inminente que enfrentan los municipios vecinos de Tuluá si las medidas de seguridad ordenadas por el Gobierno Nacional no se amplían hacia ellos. La Gobernadora respondió mencionando actos violentos, como amenazas con panfletos y avisos, en Jamundí y Yotoco, solicitando la intervención del Ministerio Público.
En respuesta a la alerta, se llevará a cabo una mesa de trabajo por la seguridad de los municipios del norte y centro del departamento entre la Procuraduría y el gobierno del Valle este jueves. Se destacan cifras alarmantes de violencia en la región, con 245 hechos victimizantes entre 2020 y 2024, según el Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Procuraduría, con la información recabada, presentará un informe preventivo a las autoridades nacionales responsables el 20 de febrero. Entre los afectados, se encuentran 30 jóvenes, 18 comerciantes, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos comunes, además de un alto riesgo de instrumentalización de migrantes venezolanos, incluyendo menores de edad.
La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó la importancia del acompañamiento de la Procuraduría para enfrentar las bandas delincuenciales que afectan a la comunidad vallecaucana. Ante la comunicación de la banda ‘La Inmaculada’, comprometiéndose a no extorsionar en Tuluá, la mandataria expresó la necesidad de evitar extorsiones en los municipios aledaños.
El procurador delegado, Javier Augusto Sarmiento, afirmó que en la mesa de trabajo se escuchará a empresarios, alcaldes y autoridades para fortalecer las acciones y garantizar la convivencia en Tuluá y municipios circundantes, ante la amenaza persistente de grupos criminales.
