El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encabezando la comisión especial en el Valle del Cauca, advirtió sobre el riesgo que enfrentan los municipios cercanos a Tuluá si no se extienden las medidas de seguridad adicionales ordenadas por el Gobierno Nacional. La Gobernadora destacó actos violentos, como amenazas con panfletos y avisos, en Jamundí y Yotoco, solicitando la intervención del Ministerio Público.
Ante esta alerta, se llevará a cabo una mesa de trabajo el jueves para abordar la seguridad en los municipios del norte y centro del departamento entre la Procuraduría y el gobierno del Valle. Se han registrado 245 hechos victimizantes, incluyendo homicidios, amenazas y extorsiones, entre 2020 y 2024, según cifras del Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El Ministerio Público identificó a 30 jóvenes, 18 comerciantes, 14 servidores públicos y 11 ciudadanos comunes afectados, advirtiendo el riesgo de instrumentalización de migrantes venezolanos por grupos armados. La Procuraduría presentará un informe preventivo el 20 de febrero.
La gobernadora Dilian Francisca Toro destacó el apoyo de la Procuraduría y anunció una reunión con alcaldes y autoridades para abordar acciones contra las bandas delictivas. Frente a la comunicación de la banda ‘La Inmaculada’, comprometiéndose a no extorsionar en Tuluá, la mandataria enfatizó la importancia de evitar extorsiones en municipios vecinos.
El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, aseguró que la mesa de trabajo fortalecerá acciones para garantizar la seguridad en Tuluá y municipios cercanos, escuchando a empresarios y autoridades.
