En una destacada operación, la Brigada de Selva 27 del Ejército logró rescatar a un menor indígena de 17 años que había sido reclutado a la fuerza por la facción ‘Carolina Ramírez’ del autodenominado ‘Central Alto Mando’, perteneciente a las disidencias de las FARC en Putumayo.
El general Yor William Cotua Muñoz, comandante de la Brigada de Selva 27, confirmó la exitosa acción, revelando que el adolescente se acercó a las tropas en la zona rural de Puerto Guzmán en busca de ayuda. El joven relató que había sido llevado contra su voluntad tres años atrás, sometido a engaños y amenazas por parte de los delincuentes de la mencionada facción.
El menor también denunció malos tratos y abusos sufridos dentro del grupo armado ilegal. Su situación se complicaba aún más debido a los constantes enfrentamientos entre la facción ‘Carolina Ramírez’ y los ‘Comandos Fronterizos’, aliados de las disidencias de la ‘Segunda Marquetalia’.
La evacuación del menor fue llevada a cabo por la Brigada de Selva 27, que posteriormente lo entregó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos. Este rescate marca el segundo caso de liberación de un menor en menos de una semana en la región del Putumayo.
El general Cotua Muñoz destacó la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas militares para combatir el reclutamiento forzado y la violencia armada. Además, instó a los ciudadanos a denunciar cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la integridad de menores y jóvenes.
Este incidente resalta la difícil situación en la que se encuentran algunos sectores de la población, especialmente los jóvenes, que son víctimas de grupos armados ilegales que operan en la región. Las autoridades continúan trabajando para erradicar estas prácticas y garantizar la seguridad de la comunidad, en particular de aquellos más vulnerables.
En el contexto de los recientes enfrentamientos entre diferentes facciones disidentes de las FARC, se hace evidente la necesidad de una acción conjunta para enfrentar las amenazas a la seguridad y proteger a la población civil, especialmente a los menores que se ven involucrados de manera forzada en situaciones de violencia.
