En carta enviada a la Unidad Nacional de Protección, UNP, el Gobierno del Valle a través de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana expuso la situación de peligro inminente que sufren concejales y funcionarios amenazados, sin que dentro de su competencia esta Unidad haya garantizado la protección de su vida.
La secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Ana María Sanclemente, de manera categórica le enumera al director de la UNP la compleja situación que se presenta en el departamento, en donde en los primeros meses del año han sido asesinados cuatro funcionarios públicos: tres concejales y una líder cívica, vinculada a la Alcaldía de Tuluá, municipio donde además los cabildantes deben sesionar virtualmente por el miedo justificado de ir a trabajar al recinto del Concejo.
“Es una situación que requiere de apoyo y la atención institucional desde lo municipal, departamental y nacional. Ese es el llamado que hemos hecho, es necesario que la UNP agilice los estudios de seguridad en el departamento para todos estos funcionarios y se garantice la vida y la seguridad de cada uno de ellos”, aseveró Sanclemente, al insistir que el llamado a la Unidad Nacional de Protección a trabajar articuladamente para proteger la vida de estos servidores públicos amenazados y defender la institucionalidad, es urgente.
En la misiva, la funcionaria adjuntó una acción de tutela de los concejales de Tuluá y Jamundí exigiendo las medidas, después de meses de estar solicitando protección para su vida. La tutela fue presentada a su nombre por la Defensoría del Pueblo y se anexa también una comunicación de la Procuraduría General de la Nación que, en el mismo sentido, alerta del riesgo inminente que corren los funcionarios ante la UNP.
Sanclemente reiteró la importancia de contar con medidas extraordinarias urgentes para los concejales y funcionarios públicos en medio de la ofensiva institucional contra el multi crimen en el departamento, que deja contundentes resultados contra las organizaciones ilegales.
Recordó que el Gobierno departamental en articulación con las alcaldías municipales ha adelantado las medidas de protección como compete, por ejemplo, 28 acciones que van desde la activación de las rutas pertinentes, Plan Padrino con la Policía, ruta de seguridad tanto para concejales como funcionarios de Tuluá, “pero es la Unidad Nacional de Protección, UNP, la que debe determinar las medidas de protección y esto quiere decir vehículo, chalecos blindados, hombres de protección, esas son las medidas contundentes que se están buscando para que los concejales puedan ir a sesionar, para que se sientan tranquilos en el ejercicio de sus labores”, anotó la funcionaria.
