Es importante ver cómo los predios incautados a la mafia están siendo reasignados para beneficiar a instituciones educativas en todo el país. La entrega de dos casas en extinción de dominio a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) en Casanare para implementar un consultorio jurídico y una Casa de Acogida Internacional es un ejemplo destacado de esta iniciativa.
Además, la asignación del Castillo Marroquín a la Universidad Pedagógica y la entrega de otros predios a instituciones educativas, como las residencias estudiantiles para mujeres en Bucaramanga, son pasos importantes para fortalecer la educación pública y ampliar la cobertura educativa en todo el país.
Estas acciones demuestran el compromiso del Gobierno en apoyar la educación superior y en utilizar los recursos incautados a la mafia para beneficio de la sociedad en su conjunto.
Es una forma efectiva de combatir la criminalidad y promover el acceso a la educación, un derecho fundamental para el desarrollo de Colombia.