Durante la ceremonia de transmisión de mando del comando del Ejército Nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, instó al nuevo comandante, el general Luis Emilio Cardozo, a llevar a cabo una depuración en las filas de la institución para eliminar los delitos que la han afectado.
El presidente expresó su preocupación por la desaparición de armamento y municiones de las guarniciones militares, señalando que estos materiales podrían ser utilizados para cometer crímenes, incluso contra los propios soldados. Hizo hincapié en la necesidad de mantener la integridad y la transparencia tanto en el Gobierno como en las Fuerzas Armadas.
Reconoció que el conflicto en Colombia ha evolucionado y ya no se trata solo de banderas ideológicas, sino de intereses económicos y de lucro que han permeado todos los sectores de la sociedad, incluyendo las Fuerzas Armadas.
En cuanto al reciente robo de armas al interior del Ejército, el presidente Petro fue enfático al afirmar que estas acciones representan una autodestrucción para la institución y ordenó al general Cardozo tomar medidas para asegurar que nadie dentro del Ejército esté implicado en actividades ilícitas que puedan poner en riesgo la integridad y el buen nombre de la institución.
El presidente Petro amplió su solicitud, abogando por la separación de cualquier miembro del Ejército que esté involucrado en delitos de cualquier índole. Destacó la necesidad de combatir tanto la economía ilícita del narcotráfico como la extracción ilegal de oro, señalando que estos problemas afectan no solo la seguridad nacional, sino también el medio ambiente y la sociedad en su conjunto.
Enfatizó en la idea de la fraternidad entre todos los ciudadanos colombianos y la responsabilidad compartida de construir una nación próspera y justa. En este sentido, instó al Ejército a ser un modelo de integridad y transparencia para el país.
Asimismo, recordó que el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar la pulcritud y el respeto a los derechos del pueblo colombiano, extendiendo esta responsabilidad a todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Fuerza Pública. En última instancia, reiteró que tanto el Gobierno como las Fuerzas Armadas tienen el deber fundamental de proteger y servir al pueblo colombiano.
