La reciente denuncia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pone en evidencia una serie de problemas críticos en la región del Naya. Según los informes de inteligencia mencionados, una nueva vía de 14 kilómetros ha sido construida en esta área, facilitando la movilización de grupos ilegales y el transporte de drogas. Esta vía, que conecta al río Naya desde el Cauca y pasa por Jamundí, se presume ha sido construida por disidencias de las FARC y no cuenta con autorización oficial, lo que subraya su uso ilícito.
Además de la problemática de la infraestructura ilegal, la gobernadora Toro destacó la relación de estos grupos con la minería ilegal en la región. En el Naya, se han identificado 14 puntos de explotación minera ilegal, que generan aproximadamente 33,000 gramos de oro al mes. Esta actividad ha llevado a la deforestación de 12 hectáreas y produce ingresos ilegales estimados en USD 29 millones anuales, exacerbando los desafíos ambientales y económicos en la zona.
La gobernadora también subrayó la necesidad urgente de fortalecer la presencia institucional y la implementación de programas sociales en la región. El trabajo con campesinos e indígenas ha mostrado progresos hacia la creación de una economía legal que les genere ingresos, pero es imperativo contar con un mayor apoyo del gobierno nacional para articular esfuerzos y ofrecer alternativas viables a las actividades ilícitas.
La situación en el Naya refleja una compleja interacción de problemas de infraestructura ilegal, minería no regulada y la necesidad de una mayor intervención estatal para promover el desarrollo legal y sostenible en la región.
