El presidente Gustavo Petro propuso la reactivación de la mesa de paz con los exjefes paramilitares con el fin de completar el proceso que, según él, quedó inconcluso durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Esta declaración se hizo desde la ciudad de Montería, Córdoba, en el marco de la entrega de 8.430 hectáreas de tierras a campesinos víctimas del conflicto, de las cuales 7.916 hectáreas pertenecieron a ex líderes paramilitares como alias ‘Macaco’, alias ‘Nico’ y alias ‘Cuco Vanoy’.
Petro argumentó que el proceso de paz con los paramilitares, que tuvo lugar entre 2003 y 2006, no se completó adecuadamente porque los bienes entregados por los exjefes no llegaron a manos de las víctimas, sino que fueron apropiados por políticos y personas ajenas al acuerdo original. Según el presidente, esto ha obstaculizado el propósito de resarcir a las comunidades afectadas y restaurar la justicia en las zonas golpeadas por la violencia.
“El proceso no ha terminado, dado que no se han entregado los bienes que ustedes les entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia», enfatizó Petro.
El presidente cuestionó la extradición de los exjefes paramilitares a Estados Unidos durante la presidencia de Uribe, señalando que esto fue una traición al acuerdo inicial y que interrumpió la búsqueda de la verdad. Según él, “la paz no se hace con traiciones, sino con la verdad y la palabra”.
“A ustedes los extraditaron, no estaba escrito en el acuerdo de paz. Esos mismos que los aplaudieron los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones», aseguró Petro.
El mandatario denunció que los bienes entregados por los paramilitares para la reparación de las víctimas no se destinaron adecuadamente y que muchos terminaron en manos de políticos y familiares de políticos, a pesar de ser propiedades bajo extinción de dominio. Además, señaló que el actual fiscal general, Francisco Barbosa, se ha negado a proporcionar la lista completa de estos bienes, lo que ha generado opacidad en el proceso.
“El fiscal Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado”, añadió.
Petro propuso que esta nueva mesa de paz tenga como principal beneficiario al campesinado colombiano y a las comunidades humildes que han sido históricamente afectadas por el conflicto y el despojo de tierras. Afirmó que la reparación y la indemnización son pasos necesarios para avanzar hacia el perdón y la reconciliación.
“Resarcimiento, indemnización, es la antesala del perdón», dijo el mandatario.
Petro hizo un llamado directo a los exjefes paramilitares, quienes en su momento fueron aclamados por sectores políticos y económicos como “héroes”. Les pidió considerar esta nueva etapa como una oportunidad para contribuir a la justicia social y garantizar que la tierra, que es la base de la democracia en muchas regiones, se use de manera que beneficie a las víctimas y a las comunidades rurales.
Esta propuesta se da en medio de un contexto de polarización política y con múltiples desafíos para la implementación de la paz total, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro. La reactivación de la mesa de paz con exparamilitares busca abordar las inconsistencias del proceso anterior, como la falta de entrega efectiva de bienes y la ausencia de una reparación integral para las víctimas.
Con este anuncio, el presidente pone sobre la mesa la posibilidad de reabrir diálogos con actores que tradicionalmente han sido críticos y opuestos a su enfoque, con el objetivo de alcanzar un acuerdo más equitativo y duradero para el campo colombiano y para las víctimas de la violencia.
