La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, y el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, llevaron a cabo una reunión clave para establecer la hoja de ruta que guiará la ejecución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Este encuentro también contó con la participación del Fondo Colombia en Paz.
Creación de Mesas Técnicas: Se acordó la formación de mesas técnicas que determinarán las entidades responsables de administrar los recursos iniciales de $100 mil millones. Estos fondos están destinados a cumplir con las órdenes judiciales emitidas por la JEP y a facilitar las reparaciones tempranas a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Compromiso del Gobierno: Esta reunión representa un avance significativo en la implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta a asegurar el apoyo financiero necesario para cumplir con las responsabilidades judiciales y de reparación que competen a la JEP.
Declaraciones de Roberto Vidal: El magistrado Vidal destacó la importancia de la hoja de ruta acordada, que asegura la disponibilidad continua de los recursos para respaldar las decisiones judiciales de la JEP. También subrayó la necesidad de mantener una coordinación a largo plazo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno y la jurisdicción.
Perspectiva del Fondo Colombia en Paz: Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz, resaltó tres puntos clave:
La disponibilidad de recursos desde el inicio del año para esta iniciativa, que es parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz.
La definición de la entidad ejecutora responsable de llevar a cabo las decisiones acordadas.
El compromiso del gobierno de seguir disponiendo de los recursos necesarios para cumplir con el Acuerdo de Paz y atender las inversiones en los territorios.
Con estos acuerdos, el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, garantizando que los recursos se gestionen de manera efectiva para atender las decisiones de la JEP y satisfacer las expectativas de reparación y justicia que el país demanda.
