El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1600 de 2024, introdujo reformas significativas en la organización y funcionamiento de la Comisión Nacional de Moralización y sus subcomisiones técnicas. Estas modificaciones buscan robustecer el control social, incentivar la participación ciudadana y promover la formación en auditorías forenses como parte de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
Enfoque territorial y participación ciudadana
El decreto ajusta los capítulos 1 y 3 del Título 4, Parte 1, Libro 2 del Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015, del sector Presidencia de la República. Este marco normativo reorganiza la función administrativa y establece un enfoque sectorial que promueve la transparencia y fomenta la participación activa de la ciudadanía en la vigilancia y el control de los recursos públicos en los territorios.
Fundamentos legales y compromisos internacionales
El Decreto 1600 de 2024 se sustenta en la Constitución Política de Colombia y se enmarca en las leyes 1474 de 2011, 2195 de 2022 y 2294 de 2023. Además, se alinea con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 970 de 2005), que insta a los Estados a adoptar medidas eficaces para prevenir y sancionar actos de corrupción.
También se fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción que vulneren derechos humanos.
Principales modificaciones
Entre las innovaciones introducidas, destacan:
- Creación de Subcomisiones Técnicas: Se establecen la Subcomisión Técnica para la Prevención de la Corrupción y la Subcomisión Técnica para la Detección y Sanción de Hechos de Corrupción.
- Redefinición de las Comisiones Regionales de Moralización: Se actualizan sus composiciones y funciones para garantizar un trabajo más articulado y eficaz en los territorios.
- Implementación de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción (Renoba): Esta red unifica esfuerzos para monitorear y analizar riesgos de corrupción en todo el país.
- Estándar de debida diligencia: Se establece un marco específico para la investigación y sanción de presuntos actos de corrupción, asegurando procesos más rigurosos y transparentes.
Impacto esperado
Con estas reformas, el Gobierno busca fortalecer las herramientas de prevención, detección y sanción de la corrupción, promoviendo un entorno de mayor confianza entre los ciudadanos y las instituciones. La combinación de medidas normativas, enfoques territoriales y herramientas innovadoras como Renoba apunta a consolidar un sistema de control más efectivo y participativo, que impulse una cultura de integridad y transparencia en Colombia.
