El aumento de las recompensas por datos que permitan la captura de los principales líderes de las estructuras criminales que operan en el territorio nacional, y la acción coordinada del Estado en las zonas de intervención, forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para intensificar sus acciones policiales y militares contra dichos grupos.
Las operaciones llevadas a cabo para desmantelar las amenazas de los grupos armados organizados han resultado en la neutralización de 8.000 integrantes de estos grupos y la recuperación de 38 menores, víctimas de reclutamiento forzado, en lo que va del año, según confirmó el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Las acciones militares y policiales se han centrado en departamentos como Meta y Guaviare, donde opera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, líder de las disidencias de las extintas Farc y por quien las autoridades ofrecen hasta 4.450 millones de pesos a quien proporcione información para dar con su paradero.
El historial delictivo de ‘Iván Mordisco’ incluye cargos por narcotráfico, secuestro, homicidio, desplazamiento forzado y ataques contra comunidades y la Fuerza Pública.
El ministro Suárez informó que, según información de los servicios de inteligencia del Estado, la estructura criminal de ‘Mordisco’ se encuentra cada vez más debilitada debido a los constantes golpes de la Fuerza Pública y las deserciones, lo que lo ha llevado a cometer atentados terroristas para demostrar fortaleza.
“A quienes aún lo siguen, les recomiendo pensar en sus familias. Existe una oportunidad para dejar la violencia y comenzar una nueva vida», expresó el ministro Sánchez, al concluir un consejo de seguridad en el municipio de Granada (Meta), y lo subrayó posteriormente en la cumbre de alcaldes de ciudades capitales realizada en Manizales.
En ambos escenarios, Sánchez recalcó la eficacia del programa de atención al desmovilizado, el cual ofrece todas las garantías a aquellos que se acojan al mismo.
La estrategia de seguridad implementada en las regiones busca una composición de aproximadamente 70 % de acción unificada del Estado y 30 % de acciones militares y policiales, como respuesta del Gobierno a las áreas más afectadas por la violencia.
“Si la guerra es un problema social, la solución no puede limitarse a acciones militares y policiales, sino que debe complementarse con la acción unificada del Estado», añadió el funcionario.
