El Gobierno nacional avanza en su compromiso con el robustecimiento de la enseñanza pública mediante el proyecto de ley ‘Acuerdo Nacional por la Educación Superior’, presentado el pasado 3 de septiembre de 2024 ante el Congreso de la República.
Esta iniciativa tiene como objetivo reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para establecer un modelo de financiamiento que garantice recursos adecuados y sostenibles para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.
El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, subrayó la relevancia de esta reforma durante el programa institucional Entérese del Cambio, indicando: “Tenemos en el Congreso de la República un proyecto de ley muy importante, que es la reforma al artículo de la Ley 30, y que permitirá que lo que hoy estamos haciendo como Gobierno, esto es, asignar más recursos a las instituciones públicas del país, se convierta nuevamente en ley y no sea reversible».
Moreno resaltó que el presupuesto para educación podría alcanzar este año los 80 billones de pesos, una cifra histórica para el país. Además, explicó que la meta del Gobierno es lograr que la inversión en educación pública supere el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, aproximándose así a modelos exitosos como el de Alemania.
¿Qué contempla el proyecto de ley?
- Un ajuste presupuestal realista: los fondos destinados a las instituciones públicas se calcularán tomando como base el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), eligiendo el valor más alto entre ambos.
- Incremento progresivo de la inversión: se plantea que la financiación de la educación superior pública aumente gradualmente hasta alcanzar el 1% del PIB en los próximos 15 años.
- Ampliación de la oferta educativa: se priorizará la apertura de programas académicos en más de 800 municipios que en la actualidad carecen de instituciones de educación superior.
- Mejores condiciones para el personal docente y los estudiantes: se fortalecerá la planta de profesores y se implementarán medidas para mejorar el bienestar estudiantil, incluyendo protocolos eficaces contra la violencia de género.
La aprobación de este proyecto representará un paso fundamental para asegurar el desarrollo y la consolidación del ámbito educativo en Colombia. Su éxito dependerá del respaldo de la ciudadanía y del debate legislativo que se llevará a cabo durante el primer periodo del 2025.
