Presidente Petro insiste en fortalecer la educación superior pública y critica subsidios a universidades privadas

En el marco del último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro enfatizó la necesidad de priorizar el fortalecimiento de la educación superior pública como la estrategia fundamental para ampliar las oportunidades de acceso a la universidad en Colombia. El mandatario argumentó que, durante las décadas recientes, la política gubernamental se ha centrado en financiar la demanda a través de subsidios destinados a estudiantes de universidades privadas, un modelo que calificó de «extremadamente costoso» e «ineficiente».

El presidente Petro criticó que iniciativas como Ser Pilo Paga terminaron por inflar los costos de la educación privada y desviaron recursos que, en su opinión, deberían haberse invertido en la expansión y el mejoramiento de la oferta académica de las universidades públicas. Asimismo, solicitó un informe detallado sobre el impacto en la matrícula de las universidades privadas tras la suspensión de dichos subsidios, asegurando que su percepción apunta a una disminución en la inscripción en instituciones privadas.

En consonancia con esta postura, el ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó datos que respaldan la visión presidencial. Explicó que, en un lapso de dos años y con una inversión inferior a un billón de pesos, se han creado 153 mil nuevos cupos en universidades públicas. En contraste, señaló que programas anteriores enfocados en subsidiar matrículas en instituciones privadas solo beneficiaron a 15 mil estudiantes, a pesar de haber representado un costo de 1.5 billones de pesos. «Financiar la oferta pública resulta diez veces más eficiente», concluyó el ministro.

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Adicionalmente, el ministro Rojas anunció un ambicioso programa de infraestructura educativa que contempla la intervención de 9.570 sedes de colegios y la ejecución de 183 nuevos proyectos universitarios, incluyendo la creación de nuevas sedes y la ampliación de las existentes, con una inversión proyectada de 6.2 billones de pesos hasta el año 2036. Este plan estratégico se centrará en territorios que presentan altos índices de deserción escolar, baja cobertura en educación superior y déficit de infraestructura educativa.