Explicar las consecuencias del rompimiento del compromiso de respetar la regla fiscal, realizado sin los soportes requeridos y conforme a lo expresado por el Contralor General de la Nación —elegido con apoyo del actual gobierno—, sin caer en tecnicismos macroeconómicos ni banalizar el tema, es un asunto complicado.
Trataré de hacerlo lo más didáctico posible: La regla fiscal, establecida por la Ley 1473 de 2011, busca fijar límites al déficit fiscal, asegurar que el gobierno no gaste más de lo que recibe y controlar el nivel de deuda pública. Su objetivo principal es garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, evitando que la deuda se vuelva insostenible. Además, representa un compromiso de los gobiernos con la comunidad internacional de no excederse en la toma de créditos que, a la postre, no puedan pagar. De esta manera se evita la quiebra de los Estados y de la banca internacional.
Es como el compromiso que hace un empresario con su banco de no contraer deudas que no pueda pagar, garantizando la salud financiera de su empresa y que el banco acreedor no tenga que embargar y rematar los bienes de la empresa deudora por incapacidad de pago.
En el caso del sector privado, endeudarse más de lo que se puede pagar trae como consecuencia el cierre al crédito por parte del sistema bancario y el remate de los activos de la empresa comprometida por sus acreedores.
En el sector público las consecuencias pueden ser parecidas, aunque el mecanismo es distinto. Cuando un país rompe su compromiso de mantener un nivel máximo de endeudamiento, inmediatamente la comunidad económica internacional sube las tasas de interés para cualquier apoyo monetario a esa nación y emite una alerta que impone todo tipo de restricciones a los negocios con ese país. Es una especie de lista negra por mala paga, en la que se incluye a quienes no cumplen sus obligaciones. Salir de ahí, tanto para particulares como para los gobiernos, es bastante complicado.
Este gobierno llegó a esta situación por no haber controlado el gasto público. Por el contrario, ha nombrado, por medio de contratos de prestación de servicios, a más de 300.000 personas. La forma ortodoxa de cumplir con la regla fiscal es reduciendo el tamaño del Estado y no gastando más de lo que entra en las arcas del gobierno, para evitar un déficit fiscal. Hoy, el déficit es del 65% del PIB y, con el incumplimiento de la regla fiscal, se prevé que pueda llegar al 68%.
Las consecuencias macroeconómicas son inmediatas: Esos nuevos créditos que buscará el gobierno para seguir expandiendo la burocracia pública serán, si los consigue, a unas tasas de interés altísimas. A la larga, gran parte de lo que entre al gobierno será destinado únicamente al pago de la deuda pública. El Banco de la República volverá a subir las tasas de interés, el valor del peso colombiano caerá y la inflación aumentará.
La consecuencia más grave es el alejamiento de la inversión extranjera e interna. Nadie invierte en un país que no está en capacidad de pagar sus deudas. Esto aumentará, en poco tiempo, el desempleo. Los pocos colombianos que estaban pensando en hacer crecer sus empresas buscarán otros rumbos o, por lo menos, no harán inversiones para expandirlas.
No se trata de atacar al gobierno ni de crear pánico económico. No en vano la mayoría de los expertos en estos temas ha advertido sobre la gravedad que implica para la economía colombiana romper la regla fiscal. Incluso —repito— lo ha advertido el propio Contralor escogido por el presidente Petro.
El panorama no puede ser peor: Escalada terrorista, atentados a candidatos presidenciales y rompimiento de la regla fiscal. Despiporre total.
Ñapa: Por más que uno trate de mesurar el lenguaje en estos momentos de cataclismo nacional, es imposible no señalar la torpeza del actual régimen para enfrentar esta situación.
Ñapita: Decía el presidente Barco, en momentos cruciales de la nación: “Mesura y temple”. Dudo que Petro pueda practicar estas virtudes.
