La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud adelantar una inspección a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS, tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo y afiliación de población indígena del departamento de Córdoba.
Según informaron las Autoridades Zenúes Rurales de Montería al Ministerio Público, ambas entidades estarían afiliando, trasladando y gestionando usuarios indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de sus autoridades tradicionales. Esta práctica violaría el principio de autonomía de los pueblos originarios y lo establecido en el Decreto 1953 de 2014, que regula el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
Ante la gravedad de los hechos reportados, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Salud evaluar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar si hubo vulneración de derechos colectivos, desconocimiento de la ley de origen indígena o irregularidades administrativas.
Entre los posibles delitos señalados se encuentran afectaciones a la administración pública, fraude a subvenciones o eventual detrimento al erario, lo que podría derivar en sanciones penales y disciplinarias.
El Ministerio Público insistió en la necesidad de proteger la autonomía de las comunidades indígenas y garantizar que cualquier proceso de afiliación o traslado en el sistema de salud respete sus estructuras y procedimientos tradicionales.
