Por: Miguel Ángel Arango
En los últimos cuatro días el presidente del concejo de Cali, Édison Lucumi, intentó que la plenaria de la corporación hiciera cuórum decisorio para elegir contralor general del municipio. Las barras y los ternados se quedaron esperando porque solo siete cabildantes asistieron a cumplir con sus funciones.
Catorce concejales se escudaron en una acción de prevención de un delegado la procuraduría general de la nación que en ningún momento recomendó cancelar el proceso pero que sirvió de excusa para congelar el trámite al cual solo le faltaba hacer las entrevistas a los tres profesionales mejor calificados y después proceder a la respectiva elección. En las últimas seis semanas han fallado diez demandas de tutelas pero ninguna ordenó reversar la convocatoria y comenzar de nuevo. El pasado 29 de octubre debió estar lista la escogencia del nuevo agente fiscalizador pero hoy reina la incertidumbre.
La argumentación jurídica para derrotar la convocatoria es absurda y pobre. Hasta ahora se ha impuesto el criterio político y según tratadistas del derecho público la sanción para catorce concejales que le huyeron al proceso no la detiene nadie.
El concejal del Centro Democrático Juan Felipe Murgueitio, dijo que mientras persistan dudas sobre la legalidad del proceso y no se subsanen los requerimientos de parte de los entes de control, no es responsable participar. “La legitimidad y la transparencia del proceso está primero”, agregó el líder político.
El concejal Roberto Ortiz, dijo todo está consumado. En una vibrante intervención y aclamado por el público acusó al alcalde Eder de entorpecer la elección de contralor. Le pidió al mandatario que en la convocatoria a sesiones extras incluya la elección de contralor, propuesta que también fue defendida por las concejalas María del Carmen Londoño y Ana Erazo.
Según el concejal Ortiz, en enero Eder deberá nombrar un contralor encargado y advirtió que si quiere ese funcionario se puede quedar seis meses o un año. Sin embargo abogados dijeron que la nueva mesa directiva que presidirá la concejala Daniella Plaza, deberá convocar el proceso para elección de contralor.
Con la ausencia de catorce concejales y al no existir cuórum decisorio no fue posible aprobar el presupuesto del municipio para la vigencia fiscal del 2026 y corresponderá al alcalde adoptarlo por decreto.
Tampoco fue posible hacer la usual prórroga por diez de las sesiones ordinarias y que siempre hace. Pero esa prórroga debe ser aprobada por el pleno del cabildo pero no fue posible por no haber quorum decisorio.
LO QUE DEJA
Sin lugar a dudas se trata del proceso de elección de un funcionario afectado por el escándalo y que para la historia del cabildo caleño es un hecho inédito.
La convocatoria que se abrió el pasado 28 de julio que transitó la normalidad hasta que se conoció la terna de candidatos a la contraloría. Al conocerse la misma el alcalde Eder le exigió la renuncia al gerente de la unidad administrativa de servicios públicos Camilo Murcia, militante en el movimiento del presidente del concejo Édison Lucumi. En la política local también asegura que cerca de quinientos contratistas del cabildante quedaron cesantes.
El proceso aborta pero quedan denuncias penales para un funcionario de la procuraduría. También se espera que las personas que integraron la terna luego de riguroso proceso académico presenten sus demandas ante la justicia contenciosa administrativa.
Los siete concejales que participaron en las sesiones de jueves, viernes, sábado y domingo con el objetivo de elegir contralor son Roberto Ortiz, Ana Erazo, María del Carmen Londoño, Luis Fernando Salazar, Rodrigo Salazar, Flower Rojas y Édison Lucumi. Pasarán a la historia porque este hecho nunca se olvidará.
PRUEBAS
A pesar de la intensidad que reinó en la convocatoria para elegir contralor general de Cali, hasta el momento ningún concejal ha presentado una prueba sobre las presiones del alcalde Alejandro Eder, para que abortara el proceso.
Los concejales Roberto Ortiz, María del Carmen Londoño, Ana Erazo y Rodrigo Salazar, señalaron al alcalde Eder como el responsable de la desintegración del cuórum para que no hubiera elección de contralor.
Los concejales Erazo y Rodrigo Salazar, pidieron grandes movilizaciones ciudadanas para protestar sobre la presunta injerencia del alcalde para que no se eligiera contralor.
EL AMIGO
Siempre los alcaldes le meten la mano a la elección de contralor. Cuando no existía el concurso los presidentes de los concejales le solicitaban al “guiño”, que es el eufemismo utilizado para romantizar esa postulación.
Cuando apareció la elección de los contrales departamentales y municipales a través de convocatoria o concurso el proceso se degradó. No es un secreto que en cientos de municipios los presidentes de concejos filtran el formulario de las pruebas académicas para favorecer a su candidato a contralor.
También ha sido de común ocurrencia que políticos profesionales y con gran capacidad de perversión pagan para que sus candidatos a personeros y contralores sean elegidos. La ley 1904 del año 2018 es la que regula la elección de contralores.
