El excanciller Álvaro Leyva no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el caso de la licitación de pasaportes. Según el ente acusador, el exfuncionario habría “vulnerado la Ley 80, actuado de manera arbitraria y con abuso de poder” para impedir la adjudicación del proceso contractual, lo que, de acuerdo con la investigación, generó una crisis institucional alrededor de la expedición de estos documentos.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema le imputó el delito de prevaricato por acción por presuntamente expedir actos administrativos contrarios a la ley. La acusación se centra en que Leyva expidió tres resoluciones cuestionadas en septiembre de 2023. La primera fue la Resolución 7785 del 13 de septiembre, con la que declaró desierta la licitación. La segunda fue la Resolución 7540 del 14 de septiembre, que negó el recurso de reposición presentado por la Unión Temporal Pasaportes 2023. La tercera fue la Resolución 7541 del mismo día, mediante la cual declaró la urgencia manifiesta, lo que permitía suspender el proceso y adjudicar sin concurso público.
Para la Fiscalía, con estas decisiones se puso en riesgo la emisión de pasaportes y se vulneró el derecho de los ciudadanos a entrar y salir del país. A pesar de tener la posibilidad de corregir, Leyva no habría revertido la declaratoria de licitación desierta.
La defensa del exministro aseguró que Leyva no actuó de forma caprichosa ni arbitraria, y sostuvo que las decisiones estuvieron ajustadas a criterios jurídicos.
