Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, permanece detenido tras una decisión de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, en el marco de la investigación por el presunto desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La medida se adoptó durante una audiencia pública, luego de que se evaluara su posible vinculación con los hechos.
Antes de la detención, Bonilla envió una carta a allegados y colaboradores en la que rechaza cualquier participación en un “acuerdo criminal” para la compra de congresistas. En el documento sostiene que los llamados cupos indicativos hacen parte de un procedimiento normado para la elaboración y ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) y asegura que este fue aprobado “sin ninguna partida dirigida a personas naturales”.
El exministro se refirió a su exasesora María Alejandra Benavides, cuyo testimonio es clave para la Fiscalía. Según Bonilla, su participación fue marginal y la información que transmitió fue interpretada de manera errónea como actos ilegales.
Bonilla detalló además el trámite del PGN 2024, afirmando que cumplió todas las etapas legales. Su defensa, liderada por Mauricio Pava, insiste en que las declaraciones de Benavides han sido sacadas de contexto y que, por el contrario, respaldan su inocencia.
