Dilian Francisca Toro, líder de los mandatarios regionales, advierte que el decreto que sube el impuesto a licores y cigarrillos del 5% al 19% asfixiará las finanzas territoriales y amenaza derechos fundamentales.
En un contundente frente común, diecisiete gobernadores del país, liderados por la mandataria del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, declararon la desobediencia fiscal a un decreto del Gobierno Nacional. Su decisión es clara: no aplicarán el incremento del Impuesto al Consumo mientras la Corte Constitucional no se pronuncie.
El motivo es el Decreto 1474 de 2025, que eleva del 5% al 19% el gravamen sobre licores, vinos, cigarrillos y tabaco. Los gobernadores no solo lo consideran un golpe a la autonomía de las regiones, sino un boomerang que destruirá sus finanzas y pondrá en jaque servicios esenciales.
“Hoy nos unimos para decir: hasta aquí”, afirmó Toro durante una cumbre de la Federación Nacional de Departamentos. “Este decreto no es solo un número. Es el anuncio de un colapso. Los recursos adicionales no se quedarán en los territorios para salud o educación, sino que migrarán al Presupuesto Nacional, mientras el contrabando, ya galopante, se disparará”.
La mandataria pintó un escenario crítico: el alza podría encarecer productos como el aguardiente hasta en un 40%, ahuyentando a los consumidores legales y alimentando un mercado ilegal que ya desangra las arcas departamentales. “El cigarrillo, por el contrabando, ya nos dejó sin recursos para pagar deudas vitales con la salud. ¿Ahora nos quitan más? Sin esos ingresos, no habrá plata para salud, ni para educación, ni para deporte”, alertó.
La estrategia jurídica es de dos flancos: una acción conjunta ante la Corte Constitucional para exponer la inconstitucionalidad del decreto y su efecto sobre derechos fundamentales, y tutelas individuales por cada gobernador.
El mensaje final fue un llamado urgente al diálogo. “No es una pelea política; es una cuestión de supervivencia territorial”, concluyó Toro. “Exigimos al Gobierno Nacional que rectifique. De lo contrario, la batalla será en los estrados, porque lo que está en juego es la capacidad de garantizar los derechos básicos de millones de colombianos”.
