Ante el anuncio del Gobierno Nacional de modificar la forma en que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus acciones preventivas y considerando el impacto social, económico y contractual de la medida, envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitando información técnica que permita fortalecer su labor de vigilancia.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que reformar el sistema de cálculo, pasando de salarios mínimos legales mensuales vigentes a pesos colombianos, podría generar riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales, con posibles demandas e incumplimientos.
La solicitud del Ministerio Público busca, entre otros aspectos, aclarar el régimen de transición aplicable a proyectos y promesas de compraventa VIS en curso, reforzar la protección al consumidor de vivienda y promover una adecuada articulación entre el precio de los inmuebles, los subsidios estatales y los esquemas de financiación, evitando descalces que afecten el cierre financiero de las familias.
Estas consideraciones llevaron a la Procuraduría General a convocar una mesa técnica interinstitucional el próximo 28 de enero, con el fin de analizar preventivamente los impactos del proyecto de decreto y promover una implementación armónica de la política pública de vivienda.
