La entrada en vigencia del Decreto 1474, con el que el Gobierno Nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, generó preocupación en la Gobernación del Valle del Cauca ante el posible impacto negativo en las rentas departamentales destinadas a salud, deporte y educación. Según proyecciones técnicas, el aumento se reflejará directamente en el precio al consumidor y podría reducir los ingresos para inversión social.
La gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió que el encarecimiento de los productos legales abre la puerta al contrabando y a la adulteración. “Si se duplica el precio, lógicamente vamos a tener mayor contrabando y una disminución de las rentas cedidas, afectando derechos fundamentales como la salud y la educación”, afirmó.
De acuerdo con la Industria de Licores del Valle (ILV), el incremento por botella de aguardiente podría rondar los 30 mil pesos. Así, una botella que antes costaba entre 39 y 42 mil pesos pasaría a valer entre 68 y 75 mil pesos, desplazando el consumo hacia mercados ilegales.
José Moreno, gerente de la ILV, calificó el panorama como crítico para las finanzas públicas y las licoreras estatales. Frente a este escenario, las licoreras oficiales del país respaldan la postura de los gobernadores, especialmente la del Valle, en defensa de las rentas regionales y la sostenibilidad del sector.
