Ante la grave crisis climática que afecta a miles de familias en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, por un periodo inicial de 30 días. La medida responde a las intensas lluvias registradas entre finales de enero y comienzos de febrero, las cuales superaron hasta en un 289 % los promedios históricos.
Según el Gobierno, esta situación ha provocado inundaciones, deslizamientos y daños severos en infraestructura vial, viviendas, suelos agrícolas y ecosistemas estratégicos, afectando la capacidad de respuesta ordinaria del Estado en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
La declaratoria se sustenta en el artículo 215 de la Constitución Política, que faculta al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley de manera temporal y directa para atender la emergencia.
Frente a esta decisión, el Senado de la República anunció que ejercerá control político y seguimiento constitucional permanente. Durante la vigencia del decreto, el Legislativo analizará los informes del Ejecutivo, evaluará las medidas adoptadas y garantizará que las acciones respondan con eficacia, transparencia y respeto por el orden democrático y el Estado de Derecho.
