El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia de fondo.
El alto tribunal ordenó al Gobierno expedir y publicar, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, un decreto transitorio que establezca el porcentaje de aumento del salario mínimo y su valor total, aplicando de manera integral los criterios legales y constitucionales vigentes. Entre estos se encuentran la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, con una fundamentación económica detallada y verificable. Mientras se expide el nuevo decreto, continuará rigiendo el salario mínimo fijado en 2025, y la suspensión no tendrá efectos retroactivos sobre pagos ya causados.
Frente a la decisión, el presidente Gustavo Petro afirmó que el salario vital está ordenado por la Constitución, anunció una reunión de concertación inmediata y llamó a los trabajadores a expresarse, reiterando que respetará la decisión judicial, pero actuará conforme al mandato constitucional.
