La Fiscalía General de la Nación definió, mediante la Resolución 0047 de febrero de 2026, un plan estratégico transitorio para la investigación y judicialización de delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgo para las elecciones legislativas y presidenciales.
La estrategia contempla acciones antes, durante y después de los comicios, con el propósito de enfrentar los hechos delictivos con todas las capacidades institucionales. Para ello, fue elaborado un mapa de riesgo electoral que identifica fenómenos criminales en las regiones, teniendo en cuenta la capacidad de respuesta estatal y las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lo que permitirá priorizar zonas con mayores probabilidades de afectación.
Asimismo, se fortalecerá el análisis integral de denuncias e investigaciones relacionadas con los 16 delitos electorales, así como las alertas por posible injerencia de grupos armados ilegales. La entidad trabajará articuladamente con la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Además, mantendrá mesas de trabajo con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para atender hechos violentos contra candidatos y líderes sociales. Según la directora Madeleyne Pérez Ojeda, el objetivo es garantizar elecciones transparentes y seguras en 2026.
