El Gobierno de Colombia expresó su firme rechazo a la nueva escalada de violencia en Oriente Medio y exigió el cese inmediato de las hostilidades, advirtiendo sobre el riesgo que representa para la estabilidad regional y global. En un pronunciamiento oficial, el país condenó de manera categórica el uso de la fuerza y solicitó garantías urgentes para la protección de la población civil.
Asimismo, instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir con responsabilidad su mandato de preservar la paz y la seguridad internacional. Para el Ejecutivo, el silencio o la inacción de la comunidad internacional solo agravan la crisis y profundizan el sufrimiento de millones de personas.
El presidente Gustavo Petro reiteró el llamado al respeto estricto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, subrayando que la protección de civiles es una obligación jurídica y moral ineludible. Colombia insistió en que la guerra no puede ser el camino y exhortó a los actores involucrados a privilegiar el diálogo y las soluciones diplomáticas para evitar consecuencias devastadoras.
