Un grupo de abogados venezolanos en el exilio solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una investigación penal contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por presuntos actos de tortura. La petición se fundamenta en la Ley Federal contra la Tortura (18 U.S.C. § 2340A), normativa que otorga jurisdicción a las autoridades estadounidenses para procesar este delito incluso si fue cometido fuera de su territorio.
La solicitud fue presentada tras la captura de Maduro en Caracas y su posterior traslado a una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos. De acuerdo con la legislación estadounidense, la tortura puede acarrear penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, e incluso la pena de muerte en casos donde la víctima fallezca. No obstante, la apertura de un proceso formal dependerá de que las autoridades determinen si existen pruebas suficientes.
Los abogados sostienen que, a diferencia de otros sistemas jurídicos internacionales, la ley estadounidense no exige demostrar un patrón sistemático, sino que basta con un caso comprobado bajo “color de ley”. La acción también busca internacionalizar las denuncias y aumentar la presión diplomática.
