Con el propósito de mejorar la atención brindada a las poblaciones afectadas por situaciones de confinamiento, la Procuraduría General de la Nación promovió un encuentro de articulación institucional en Quibdó, orientado a evaluar las acciones del Estado y fortalecer los mecanismos de respuesta dirigidos a las víctimas de este fenómeno.
Durante la jornada, representantes de entidades nacionales y territoriales analizaron los principales desafíos que enfrentan las comunidades étnicas que permanecen confinadas por causa de distintas situaciones de vulnerabilidad. El espacio también permitió recopilar información clave para optimizar la implementación de las medidas contempladas en el Decreto 525 de 2025.
La Procuraduría recordó que las autoridades competentes están obligadas a activar de manera inmediata las rutas de atención, garantizar la recepción de declaraciones, suministrar ayuda humanitaria y coordinar acciones mediante los comités de justicia, incorporando enfoques diferenciales acordes con las características de cada comunidad.
En el marco de este ejercicio, liderado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, se instalaron mesas técnicas destinadas a identificar obstáculos en la atención, reconocer experiencias exitosas y consolidar aprendizajes que permitan mejorar la capacidad institucional frente a esta problemática.
Los aportes recogidos servirán de base para formular recomendaciones orientadas a fortalecer los procedimientos y ajustes normativos necesarios. El objetivo es garantizar respuestas más eficaces y oportunas, alineadas con las disposiciones legales vigentes y con las necesidades reales de las comunidades afectadas por el confinamiento y otros fenómenos asociados al desplazamiento forzado.
