El Gobierno Nacional anunció nuevas acciones para reforzar el control sobre la contratación pública tras conocerse denuncias relacionadas con presuntas presiones a contratistas estatales para influir en su decisión de voto durante el proceso electoral presidencial.
A través de Colombia Compra Eficiente, la administración nacional reiteró que la contratación estatal no puede ser utilizada como herramienta de presión política ni como mecanismo para condicionar la participación democrática de los ciudadanos.
La entidad informó que activó mecanismos de seguimiento y evaluación jurídica frente a las alertas difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales, especialmente aquellas que involucran posibles irregularidades en algunas administraciones territoriales.
Según explicó el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Cristóbal Padilla, el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que atente contra la libertad de elegir. Asimismo, recordó que el uso de contratos públicos para favorecer campañas políticas o ejercer presiones sobre los contratistas constituye una práctica contraria a la ley.
Como parte de la estrategia institucional, se conformó un equipo especializado que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para verificar las denuncias y adelantar las investigaciones correspondientes.
El Gobierno también invitó a los ciudadanos a reportar cualquier situación irregular, reiterando que el voto es libre y que ninguna persona puede ser obligada a respaldar una candidatura por razones laborales o contractuales.
