El Gobierno expidió el Decreto Legislativo 1382, que fortalece la respuesta de departamentos y municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La norma hace parte de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 1261.
El Ejecutivo informó que el decreto contempla 17 medidas financieras, administrativas e institucionales orientadas a entregar liquidez temporal a las entidades territoriales y facilitar la atención del desastre. El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que alcaldes y gobernadores, como primera línea de respuesta, requieren recursos y facultades para actuar con rapidez.
Una de las principales herramientas permite reorientar recursos hasta el 31 de diciembre de 2027. Los mandatarios de las zonas incluidas en la emergencia podrán destinar saldos de apropiación, excedentes y rendimientos financieros a gastos o proyectos vinculados directamente con la crisis.
La decisión requerirá aprobación previa mediante ordenanza departamental o acuerdo municipal, y solo podrá aplicarse a recursos que no estén comprometidos. Con estas medidas, el Gobierno busca agilizar la ejecución presupuestal en los territorios golpeados por el sismo, respaldar la recuperación de infraestructura y servicios esenciales, y ampliar la capacidad de acción de las autoridades locales durante la reconstrucción en las regiones con mayores daños.
