El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, advirtió que la seguridad ciudadana no debe basarse en una mayor circulación de armas de fuego y pidió controles tras la medida.
El funcionario aclaró que la disposición restablece los efectos de los permisos vigentes y elimina la exigencia de una autorización. Sin embargo, recalcó que no implica un porte libre, ni favorece a quienes tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados.
Mendoza señaló que continúan vigentes los requisitos, restricciones y controles previstos en la legislación colombiana. El Estado debe priorizar la protección de la vida, prevenir la violencia y fortalecer instituciones para evitar que conflictos terminen violentamente.
Solicitó reforzar la verificación de permisos, la evaluación de la idoneidad de los titulares, la trazabilidad del armamento y los operativos contra el porte ilegal. Los mecanismos de prevención deben ayudar a identificar riesgos asociados con violencia intrafamiliar, intolerancia, consumo de alcohol, problemas de salud mental y antecedentes violentos.
La Personería instó a la Policía Metropolitana, autoridades militares y organismos de control de armas a coordinar una vigilancia estricta. Además, pidió campañas pedagógicas para explicar el alcance de la disposición y evitar que las armas sean entendidas como una forma de resolver conflictos.
