Por: Willian Fredy Palta Velasco
El riesgo de las armas en un país con emociones des-armadas
En los últimos días el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1368 de 2026 que levanta la suspensión general para el porte de armas de fuego. Una medida polémica que debe ser analizada con cuidado por la complejidad de la decisión. Ante esto, es necesario preguntarse ¿cuál es el sentido de esta decisión? ¿se ha evaluado el costo- beneficio de esta medida?
Es indudable que la seguridad es un valor fundamental y que cualquier persona se siente incómoda e intranquila con las cifras de inseguridad, robos, fleteos, extorsión, asesinato, entre otros; que la estrategia de “no dar papaya” no es una medida adecuada, ni contundente ante la inseguridad. Que, si tenemos algún bien de valor, joyas, reloj, celular no pueden ser lucidos, porque sería convertirse en objetivos de los dueños de lo ajeno. Negar esto es ingenuo y celebrarlo seria un acto de irresponsabilidad.
Este imaginario alimenta en la sociedad la idea de que las armas son sinónimo de seguridad. Adicionalmente, hay un desconocimiento de que Colombia es un país garantista constitucionalmente hablando, por eso no comprenden que, en ocasiones, antes errores de procedimiento, un juez deje a un delincuente en libertad a poco tiempo de ser arrestado y se promueve la tesis equivocada de que es legítimo la “justicia por mano propia”.
Este escenario es un caldo de cultivo para que estas medidas populistas, como el permitir que la ciudadanía porte armas, genere una percepción equivocada de seguridad. Sé que los defensores de esta medida dirán que se tomarán todos los cuidados necesarios, que hay requisitos que se deben cumplir, bonitos deseos, qué se quedarán en el “deber ser” de la cultura colombiana. En este sentido deseo presentar algunas consideraciones al respecto.
Colombia el país que pasa del Sagrado Corazón al Viva Cristo rey, que es el reflejo de una respuesta peligrosamente emocional ante situaciones complejas, difíciles y preocupantes, con una sociedad reaccionaria, que carga una historia de conflicto armado, que no hemos resuelto, ni política, ni emocionalmente, por lo que permitir el porte de armas en la ciudadanía es intensificar el conflicto, aumentar el número de actores, que entrarán a ser los nuevos victimarios, como protagonistas en el recrudecimiento de la violencia. Con esto no estaríamos cerca del fin del conflicto, sino de su mayor momento crítico.
La historia del conflicto, alimentada con la cultura traqueta enquistada en nuestra sociedad, ha dejado un constructo en muchos ciudadanos, del fantoche que quiere emular al “Patrón”, festejando hasta un bautizo con disparos al aire y dando muestras de poder y “señorío” solo por tener armas. No quiero pensar en la mezcla de licor con armas para no aumentar la preocupación.
Esta realidad que se ha vendido a través de novelas que exaltan y validan este tipo de actuaciones, se anida en la mente y corazón de los niños, que van creciendo con este referente como un modelo de vida ideal. Con esto no acabamos con la delincuencia, pero si estaríamos acabando con la inocencia de los niños, niñas, y asesinando los sueños de los jóvenes, quienes pondrán su sentido existencial, no en el estudio o profesión, sino, en lo superfluo del poder de las armas, que le hacen creer que son “los chachos” del barrio y que son indestructibles.
Pero hay un temor mayor en mi mente y corazón, en un país donde se matan por una silla en el bus, por un trapo en el estadio, por no dar paso en la vía, donde nuestras emociones están des-armadas, donde la salud mental es la mayor deuda en materia de salud pública, donde no hemos aprendido a resolver el conflicto dialogada y pacíficamente, entregar un arma a la ciudadanía, además de ser un acto irresponsable del Estado, es un coctel de violencia absoluta.
Es necesario comprender que tener un arma no da seguridad, al contrario, tenerla coloca a las personas en un riesgo absoluto, cuando en una ataque de rabia en cualquier situación que se pueda tener; en un acto desesperado, o sencillamente en una pelea de borrachos, cuantos no harán uso de las armas destruyendo familias, que sin ser delincuentes se les enreda la vida de manera penal, por una situación circunstancial, porque están armados bélicamente, pero des-armados emocionalmente. Si queremos paz y seguridad hay que desarmar las personas y fortalecer los diálogos.
Es importante aclarar, que no niego la validez de uso necesario y de la legítima defensa, pero bien saben los expertos penalistas, que el uso legítimo de la defensa personal tiene unos criterios como elementos de ponderación, circunstancia y uso de la fuerza, no siempre es legítima defensa, pero una población armada confundirá venganza con defensa legítima, bajo la creencia que las armas son criterio de autoridad y seguridad, que en últimas termina siendo auto inseguridad. ¿Será que la medida va ir acompañada con la construcción de mega cárceles? Lo único claro es bastante trabajo se aproxima a los abogados penalista.
No creo que Colombia esté preparada para una medida de estas, un país que no ha podido controlar, ni organizar el tránsito, cuantos vehículos, sin papeles, transitan, por más retenes que se hacen no ha sido posible solucionar el problema. Cuando infringir las norma es el común denominador, cómo se controlarán las armas.
Armar a la población colombiana cuando nuestra autonomía es tan limitada y nuestra altura moral se valida al imponer la voluntad del más fuerte. Una última pregunta, ¿si el gobierno quiere luego restringir las armas, como se garantizará que la población se desarme? es una medida que no puede ser tomada a la ligera, ni querer ganar aplausos al ser tan populista. Considero que el uso legítimo de las armas debes ser tarea exclusiva del Estado.
La medida del porte de armas debe ser analizada desde lo político, ético, educativo y psicológico, para que el remedio no salga peor que la enfermedad en un país emocionalmente desarmados.
