El anuncio del presidente electo, Abelardo De La Espriella sobre la destinación de 60 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para respaldar el proceso de empalme entre gobiernos desató una controversia política. La próxima representante a la Cámara, Aída Quilcué, cuestionó la necesidad de esos recursos y advirtió sobre las implicaciones que podrían tener para el país.
A través de su cuenta en la red social X, la dirigente aseguró que las transiciones presidenciales en Colombia históricamente se han desarrollado sin una financiación de esa magnitud. Además, sostuvo que, si los recursos corresponden a endeudamiento, podrían generar nuevas obligaciones para el Estado y abrir la puerta a condicionamientos externos durante el proceso institucional.
Las declaraciones de Quilcué recibieron una rápida respuesta de la exsenadora María Fernanda Cabal, quien rechazó esa interpretación y afirmó que el apoyo anunciado por el BID corresponde a una cooperación técnica no reembolsable. En su pronunciamiento, insistió en que los recursos no constituyen un préstamo y acusó a la congresista electa de presentar información equivocada sobre el mecanismo de financiación.
La discusión se produce en medio de los preparativos para el relevo presidencial y ha reavivado el debate sobre la conveniencia de recibir apoyo internacional durante el empalme. Mientras algunos sectores consideran que estos recursos fortalecen la transición administrativa, otros insisten en que debe existir total claridad sobre su origen, alcance y condiciones para garantizar la transparencia del proceso.
