Un delito informático al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) administrado por Colombia Compra Eficiente, CCE, fue cometido en la noche del sábado 31 de diciembre generando el cierre del proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y Transporte Escolar, dos estrategias que contribuyen al acceso, la permanencia y reducción del ausentismo de los estudiantes del sistema oficial.
José Darwin Lenis Mejía, secretario de Educación de Cali, señaló: “elaboramos un comunicado a la opinión pública dejando claro que el organismo educativo distrital junto a la institucionalidad: la Dirección Jurídica y el Departamento Administrativo de Contratación Pública hemos revisado la situación de hackeo del usuario de CCE generando cierre del proceso de licitación de dos programas sensibles como los son el PAE y el transporte escolar que benefician a 160.000 estudiantes aproximadamente”.
Asimismo, el líder de la cartera educativa explicó que durante el año lectivo 2022 se brindaron complementos alimentarios al 100% de los estudiantes de las 343 sedes adscritas a las 92 Instituciones, Educativas Oficiales, IEO, de la zona rural y urbana de Cali, cobertura que igualmente se brindará para el calendario escolar 2023.
“Los últimos días de diciembre adelantamos en compañía del Concejo de Cali las vigencias futuras en el marco del nuevo año escolar con el propósito de contar con los servicios en completa normalidad desde el primer día de clases. Este delito informático genera afectación y contratiempos” añadió Lenis Mejía.
Ante la vulneración cibernética, Maria del Pilar Cano Sterling, directora jurídica de la Alcaldía de Cali, aclaró que se están evaluando diversas alternativas dentro del marco legal de contratación pública para garantizar la prestación de los servicios PAE que brinda raciones alimentarias diariamente al 100% de los estudiantes matriculados en el Sistema de Matrículas Estudiantil, Simat, además de almuerzos a alumnos que adelantan procesos formativos en sedes con Jornada Única y transporte a cerca de 22.000 jóvenes.
“Ya formulamos la correspondiente denuncia ante la fiscalía general de la Nación; igualmente se presentó la queja ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, Contraloría de Santiago de Cali y Personería como veedores para poner en conocimiento este hecho delictivo”, confirmó Cano Sterling.
“Nuestra posición es solicitar a CCE (Colombia Compra Eficiente) si puede realizar un apoyo respecto al proceso, no obstante, estamos trabajando desde ayer para revisar todos los escenarios jurídicos y técnicos posibles para garantizar el transporte y la alimentación escolar desde el primer día de clases que será el lunes 30 de enero del presente año”, concluyó Alejandra María Puentes Saiz, directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública.
