Con el objetivo de mitigar el hacinamiento histórico de personas privadas de la libertad en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Cali, la Alcaldía de Cali y la Dirección Regional Occidental del Instituto Colombiano Penitenciario y Carcelario (INPEC) firmaron un convenio interadministrativo. Este acuerdo representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de detención en la ciudad.
Detalles del Convenio – Aporte Financiero: La Alcaldía, bajo la dirección de Alejandro Eder, destina 2.000 millones de pesos para que el INPEC atienda a los sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí, a cargo del Gobierno Nacional. Este presupuesto se utilizará para la adquisición de kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible.
- Garantía de Derechos: Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital, subrayó que este convenio busca garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad y es parte de una estrategia a corto plazo para cumplir con los mandatos constitucionales.
Sinergias y Mejoras – Colaboración Interadministrativa: Guillermo Andrés González, director regional del INPEC, destacó la importancia de este convenio como una muestra de colaboración entre instituciones para enfrentar problemas coyunturales en la ciudad. Este es el primer convenio interadministrativo de este tipo firmado en 18 años, lo que resalta la buena voluntad de la administración distrital.
- Adecuaciones Estructurales: La Alcaldía también está trabajando en la adecuación y mejora de la infraestructura en estaciones de policía como El Diamante, Alfonso López y Marianos Ramos, con el fin de ofrecer mejores condiciones a las personas en reclusión.
Proyectos a Futuro – Centro de Detención Transitorio: A mediano plazo, se prevé la adecuación de un centro de detención transitorio que permitirá albergar a más personas privadas de la libertad.
- Construcción de una Cárcel Distrital: A largo plazo, se está trabajando para que Cali cuente con una cárcel distrital, incluyéndose estos proyectos en el Plan de Desarrollo 2024-2027.
Marco Lega- La Alcaldía de Cali tiene la obligación de invertir en la gestión de centros de reclusión de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, que establece que los entes territoriales deben incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para los gastos de las cárceles, lo que incluye salarios, raciones, vigilancia, viáticos, entre otros.
Este esfuerzo refleja un compromiso por mejorar las condiciones de reclusión y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, alineándose con las normativas nacionales y buscando una solución sostenible a largo plazo para el sistema penitenciario en la ciudad.
