Priorizar en la demanda de comercialización y distribución de gas propano a poblaciones vulnerables, hasta superar la contingencia por la restricción del gas natural, fue la petición realizada por la Alcaldía de Cali a las empresas Vida Gas, Gas País y Colgas.
Dentro de las poblaciones priorizadas están las entidades prestadoras de salud; los establecimientos carcelarios; comedores comunitarios; Unidades de Transformación Social-UTS que atienden niños y niñas de 0 a 5 años; ancianatos, en especial el Hospital Geriátrico San Miguel; así como el Programa de Alimentación Escolar-PAE.
“Tuvimos esta reunión con las secretarías de Desarrollo Económico y la de Seguridad y Justicia y, por supuesto, con las empresas proveedoras de gas propano. Hemos expuesto la necesidad de tener unas prioridades a la hora de prestar el servicio, es decir, un plan de contingencia, ya que de 741 comedores comunitarios alrededor de 530 funcionan con gas domiciliario y ya la mayoría nos ha reportado cese de activad”, aseguró María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social Distrital.
La funcionaria consideró que la situación es “preocupante”, pues se estaría hablando de 60.000 personas que no se podrían alimentar a diario con el programa.
“El caso de las Unidades de Transformación Social reviste un poco menos de preocupación. De las 136 que tenemos, 132 trabajan con gas propano y las empresas nos manifiestan que no hay problema con el suministro de este elemento”, sostuvo Penilla.
Los proveedores de este gas ratificaron su compromiso con la ciudadanía. En ese sentido, pidieron a la Secretaría de Seguridad y Justicia acompañamiento policial y condiciones de seguridad para los vehículos de transporte y los sitios de depósitos de los cilindros.
“Estamos identificando a comercializadores ilegales de gas, ya que esto afecta la prestación del servicio con el acaparamiento y los altos precios del producto. También brindaremos, en compañía de la Policía Metropolitana, todo el acompañamiento en sus actividades cotidianas de distribución del producto”, puntualizó Manuel Tróchez, coordinador de la Oficina de Protección al Consumidor, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital.
