La reciente firma del convenio entre la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) marca un avance significativo en la reparación de víctimas del conflicto armado y en la Reforma Agraria en Colombia. Este acuerdo contempla la adquisición de 18.000 hectáreas de tierras, siendo la primera venta masiva del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) a la ANT. A través de este convenio se movilizan más de $175.000 millones, que se destinarán directamente al Fondo de Reparación para apoyar a las víctimas y transformar los predios en tierras productivas.
Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, destacó que el acuerdo permitirá reparar a aproximadamente 5.000 víctimas reconocidas en sentencias de Justicia y Paz. Esta acción es crucial para avanzar en la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo y reducir el rezago en el proceso de reparación.
Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, explicó que este acuerdo elimina las barreras institucionales previas y permitirá entregar las 18.000 hectáreas a campesinos sin tierras, con el potencial de expandir la adquisición hasta 130.000 hectáreas. Las tierras provendrán de predios entregados por jefes paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz, y estarán localizadas en departamentos como Antioquia, Córdoba y Santander. Entre los predios priorizados se encuentran tierras que pertenecieron a bloques paramilitares como Casa Castaño, Bloque Central Bolívar y Bloque Centauros.
El convenio también incluye una modificación para acelerar la toma de posesión de los predios, lo que permitirá a la ANT realizar estudios agronómicos y técnicos para asegurar que las tierras sean viables para proyectos productivos. Esto contribuirá al desarrollo rural y al fortalecimiento de la economía de los campesinos beneficiados.
Este acuerdo se suma a otras dos vías principales para la adquisición de tierras en el marco de la Reforma Agraria: la compra voluntaria de predios y los convenios con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para adquirir bienes objeto de extinción de dominio.
