Con la instalación de un Puesto de Mando Unificado Permanente y la disposición de una bolsa de recompensa de $50 millones para quien brinde información sobre el paradero de Diego Cardona y de sus captores, y otros $50 millones por los responsables del homicidio de la arquitecta Andrea Arango, el Gobierno del Valle atiende la situación de seguridad en el departamento mientras el Gobierno nacional pone la lupa sobre las reiteradas necesidades expresadas desde la región.
A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, condenó estos dos hechos y confirmó el trabajo en conjunto de la Administración Departamental con la Fiscalía y la fuerza pública para dar con los responsables. Por su parte, Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del departamento, bajo los lineamientos de la mandataria, elevó un llamado al Gobierno nacional manifestando que “se busca priorizar la vida y el bienestar de los vallecaucanos”, haciendo referencia a la situación de orden público actual.
El funcionario precisó que el plan solicitado ante el Gobierno nacional debe componerse de diferentes aspectos como “complementar el aforo de la fuerza pública, atendiendo nuestras necesidades actuales y el refuerzo del pie de fuerza en el Valle del Cauca”. Murcia explicó también que existen municipios tales como Tuluá, Jamundí, Buenaventura, Bolívar, Calima-El Darién y Restrepo, en los que se deben priorizar las intervenciones.
Sumados a los esfuerzos que realiza la Gobernación del Valle para acompañar a los comandantes de la fuerza pública en los territorios, “se debe tener una mirada diferente para el Valle que contemple una mayor atención por parte del Ministerio de Defensa”, puntualizó Murcia.
