Como estrategia en la atención a niños, niñas y adolescentes del sistema educativo que fuesen víctimas de presuntas situaciones de violencia sexual y actuando a favor de sus derechos educativos, la Secretaría de Educación adelanta la socialización del Decreto 0346 de 2023.
Desde el 04 de septiembre y hasta este miércoles (04 de octubre) se han realizado ocho asistencias técnicas para comunicar los lineamientos, alcances y marco normativo del Decreto, a instituciones educativas oficiales, establecimientos educativos del sector privado, establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano, centros de enseñanza automovilística y establecimientos de educación informal.
“La idea principal es recordar a las directivas de cada una de estas entidades, los protocolos de atención que deben seguir ante la ocurrencia de una situación de violencia sexual que afecte a cualquier estudiante, según lo establecido por la Constitución, la Ley 1098 de 2006, Ley 1146 de 2007, Ley 1620 de 2013 y las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional”, afirmó Daniel Mompotes, abogado del subproceso de Inspección y Vigilancia, de la Secretaría de Educación.
En lo transcurrido del año, ya son 51 casos provenientes de instituciones educativas oficiales y 26, de establecimientos educativos privados reportados por violencia sexual ante la Secretaría de Educación de Cali.
Las anteriores cifras motivan al subproceso de Inspección y Vigilancia, proceso de Convivencia Escolar, de la Subsecretaría de Calidad Educativa, y a la Subsecretaría Administrativa y Financiera, a realizar esta campaña de socialización del Decreto y de la ruta de atención.
“Este tema es muy sensible que nos está tocando muy de cerca a los rectores de las instituciones educativas. Es de vital importancia que primero, conozcamos la norma, sepamos cómo actuar y, sobre todo, identificar esas partes, como lo escuchábamos ahora en la reunión, que son una línea muy delgada en los casos; conocer la norma para poder aplicarla y no caer en vacíos por desconocimiento”, aseguró Alejandra Medina, rectora de la Institución Educativa Oficial Juan Pablo II.
De acuerdo con Carlos Fernando Beltrán, abogado de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Calidad Educativa: quien tenga conocimiento de la situación de presunta violencia sexual debe informar al directivo docente quien, a su vez, será el encargado de activar las remisiones respectivas según el protocolo del Comité Municipal de Convivencia Escolar, Comce.
“Se debe activar la ruta de atención al sector salud comprendiendo que una situación de violencia sexual siempre se va atender como una emergencia médica. Segundo, hacer las respectivas remisiones al sector de protección, esto es Comisaría de Familia o ICBF, dependiendo de si hablamos de un contexto de violencia intrafamiliar o no. Tercero, informar a la Fiscalía para que se inicie la respectiva investigación penal, y también apoyarse en Policía de Infancia y Adolescencia en lo que tenga que ver con el traslado”, indicó Beltrán.
Además de estas actividades de promoción y prevención, cualquier institución oficial o establecimiento privado podrá dirigirse a las zonas educativas dispuestas por Inspección y Vigilancia o al equipo de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Calidad, para solicitar asesoría sobre la aplicación del Decreto y de la activación de la ruta de atención.
