En una decisión considerada histórica, la Corte Constitucional falló a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali en una tutela presentada por la administración del alcalde Alejandro Eder contra una sentencia del Consejo de Estado relacionada con la tarifa del impuesto de Industria y Comercio (ICA).
El fallo del alto tribunal pretendía obligar a las ciudades capitales del país a fijar la tarifa del ICA siguiendo exactamente la que rige en Bogotá, lo que, según la administración caleña, desconocía las realidades económicas y fiscales de cada territorio.
La controversia surgió luego de que Asobancaria demandara un acuerdo del Concejo de Cali que incrementaba la tarifa del impuesto para el sector financiero, con el objetivo de fortalecer las finanzas del Distrito y financiar proyectos estratégicos para la ciudad.
Tras el fallo de la Corte Constitucional, Cali recupera su autonomía para definir sus políticas fiscales y administrar sus recursos. Según el alcalde Alejandro Eder, la decisión no solo beneficia a la capital del Valle del Cauca, sino también a las 32 ciudades capitales del país. La administración distrital explicó que, debido a la interpretación anterior, Cali dejó de percibir cerca de 200 mil millones de pesos en 2025, recursos que habrían sido destinados a inversión social, educación, infraestructura, seguridad y programas dirigidos a poblaciones vulnerables.
