La Personería y la Defensoría del Pueblo han recopilado testimonios de alrededor de 100 familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares en la zona rural debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo, en lo que va del 2024.
Además, diversas familias permanecen confinadas en sus territorios por temor a minas antipersona, hostigamientos y amenazas, sin poder salir. En el ámbito urbano, también se han registrado desplazamientos internos a causa de la violencia generada por las bandas Shotas y Espartanos, quienes compiten por el control de rentas ilícitas y rutas del narcotráfico, según el personero distrital Edwin Patiño.
Patiño señala que se han tomado declaraciones de 2,757 familias desplazadas de la zona rural, con más de 34 desplazamientos masivos en el 2023. Destaca que los desplazados desean regresar a sus hogares, pero la falta de garantías lo impide.
El defensor regional del Pacífico, David Torres, informa que ha recibido declaraciones de 88 familias de El Raposo, una de Yurumanguí y 16 del área urbana, todas afectadas por los enfrentamientos entre grupos ilegales. Ante esta situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó su respaldo a los diálogos de paz en Buenaventura para evitar más afectaciones a la población.
A pesar de más de dos años de desplazamiento forzado, la comunidad del resguardo indígena de Santa Rosa de Guayacán logró regresar a su territorio, facilitado por la declaración de Buenaventura como el primer territorio de paz del país. Sin embargo, su gobernador, Quimer Quiro, destaca que la seguridad aún no es completa y pide respeto a su cultura y vida. La zona rural de Buenaventura, donde se ubica esta comunidad, está a cuatro horas del casco urbano.
Históricamente, en Buenaventura, alrededor de 300 mil personas han sido desplazadas de sus territorios por motivos de desplazamiento forzado, según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
