La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó el incremento al impuesto al consumo de licores que se buscaba aplicar mediante el decreto de emergencia económica, suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional. Para la mandataria, la medida no solo era inconstitucional, sino que golpeaba directamente a los sectores más vulnerables.
“Los megarricos viven en otros países y no toman aguardiente. El impuesto a los licores afecta es a los más pobres”, afirmó Toro, señalando que son estas comunidades las que realmente aportan al sostenimiento del sistema de salud.
La gobernadora explicó que las rentas cedidas por el consumo de licores son fundamentales para financiar proyectos de educación, deporte y salud en el departamento. El Valle destina cerca de $700 mil millones a la Adres para garantizar el régimen subsidiado, por lo que una disminución en estos recursos pondría en riesgo la atención de miles de personas.
“¿Quiénes van a sufrir? Los niños en las escuelas y los pobres que dependen del sistema de salud”, advirtió.
Desde la Federación Nacional de Departamentos, Toro ha liderado gestiones para exponer el impacto social de estas decisiones, recordando que estas rentas están protegidas constitucionalmente. La suspensión del decreto representa un alivio para las finanzas regionales.
